Como resultado del trabajo de la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito se elaboró un proyecto de ley el cual busca combatir al contrabando mediante la mejora de mecanismos legales. Este proyecto será remitido en los próximos días a la Asamblea Legislativa.
Esta es una iniciativa conjunta entre el sector público y el privado, amparada en el decreto No. 38410-MEIC-G-SP-S-H, que “Declara de interés público y nacional la lucha contra el Comercio Ilícito y la creación de la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito”.
La comisión está conformada por representantes del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y Ministerio de Hacienda. Además se sumaron como invitados el Director General de Aduanas, el Director General de la Policía de Control Fiscal, representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y el Fiscal de Delitos Económicos.
Dicha comisión ha estado analizando por varios meses las medidas legales que permitan mejorar la lucha contra el contrabando en el país, así como el incremento de este tipo de delitos y su vinculación con el crimen organizado.
Este proyecto contiene perspectivas de la gestión aduanera, de seguridad, de protección al consumidor, de protección de la salud, de la visión judicial y del sector privado. Las propuestas contenidas están basadas en las experiencias recientes en materia de control de contrabando y de combate a la defraudación aduanera, por lo que se espera que tengan un impacto importante en la reducción del comercio ilícito.
El proyecto de ley propone en primera instancia una serie de modificaciones a la Ley General de Aduanas, Ley No. 7557. Una de las principales reformas se encuentra en el artículo 211 de esta ley y consiste en reducir el umbral de punibilidad de $50.000 a $10.000.
Además, dentro del mismo proyecto se establecen nuevas penas de prisión para quién integre una organización destinada a la comisión de delitos aduaneros o comercie ilícitamente con bienes que pueden poner en riesgo la salud humana, la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad nacional. Estas penas pasarían de tres a diez años.
Adicionalmente, con el fin de evitar que el contrabando se realice en fraccionamientos que impidan alcanzar el umbral de los diez mil dólares, se reforma el artículo 213 de la Ley General de Aduanas para introducir la figura del contrabando fraccionado.
Sobre este tema, Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, indicó que esta iniciativa busca reducir el umbral, aumentar las penas de prisión e incluir la modalidad de contrabando fraccionado, con el fin de cerrar los portillos que facilitan este comercio ilegal, y cuyas repercusiones nos afectan a todos, no solo en el campo económico, sino que también pueden poner en peligro la salud. En este momento el proyecto se encuentra en consulta en el sector privado, pero es importante destacar que este proyecto ha surgido del consenso del sector público y privado, y una vez que termine este proceso será enviado a la Asamblea Legislativa.
Por su parte el representante de UCCAEP, Douglas Alvarado, indicó que “para el sector privado es muy importante el apoyo que se ha recibido por parte del Ministerio de Hacienda al tomar en cuenta la posición de los empresarios para combatir esta problemática, creemos que este proyecto modifica en una forma muy innovadora el control del contrabando y la defraudación fiscal”.
Adicionalmente se iniciará desde el día de hoy una campaña en redes sociales, la cual pretende generar conciencia en la población para que no compre productos provenientes del contrabando y que en su lugar denuncien este tipo de actividades ilícitas.
Comunicado de prensa
CP 68 / 30 de setiembre de 2014