Helio Fallas
Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda
Como resultado de la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional, se han efectuado algunas interpretaciones a partir de un análisis que carece de la profundidad necesaria para evaluar la situación presupuestaria en su justa dimensión. Como Ministro de Hacienda, creo preciso aclarar diversas inexactitudes encontradas que presentan a la Administración Solís Rivera como un gobierno irresponsablemente “Gastón”.
Es importante hacer un llamado a la mesura a la hora de informar a la ciudadanía y analizar el proyecto de Presupuesto 2015. Comentarios como el expresado en el editorial de este medio del día 8 de setiembre, son omisos en mencionar que el crecimiento de 18,9% en el presupuesto total se explica, principalmente, por los elevados gastos en amortización, mismos que aumentan un 48,2% respecto al 2014. El 2015 es un año atípico, en el cual el pago de amortizaciones alcanzaría un monto de ¢1.726.125 millones, con un aumento de ¢572 mil millones en un solo año. Lo anterior, es el resultado del vencimiento de compromisos financieros adquiridos por distintos gobiernos a lo largo de los últimos 15 años. Estos números son el mejor ejemplo de los costos de no haber adoptado oportunamente las decisiones en materia fiscal que habrían evitado las complicaciones financieras que hoy día debemos enfrentar.
Asimismo, más allá del efecto de la amortización, parece importante recordar que la formulación del presupuesto está sujeta al cumplimiento de un conjunto de disposiciones legales e institucionales que incrementan su rigidez. Sobre ellas el Gobierno tiene muy pocos grados de libertad para, discrecionalmente, decidir la forma de distribuir los recursos. Esta rigidez viene en aumento y son precisamente las partidas más inflexibles o ineludibles las que más crecen. Sin embargo, por el contrario, diferentes argumentos que se han esbozado han puesto énfasis en la cobijas, justo donde no se encuentra el frío; sin analizar de una forma más amplia los denominados disparadores del gasto. Si se deducen esos rubros, la dinámica de crecimiento varía sustancialmente. Cuando el presupuesto se mide sin amortización e intereses (dos de los gastos ineludibles), su crecimiento es del 10,9% y si se eliminan aumentos en erogaciones como el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia y el pago de pensiones (los dos primeros definidos por Constitución), entonces esta tasa cae al 6,7%.
Adicionalmente, a menudo se cae en la trampa de ejemplificar la supuesta irresponsabilidad fiscal mediante el uso de casos poco ilustrativos sobre las raíces del problema. Al criticar la transferencia del FEES (que en lo fundamental mantenía un acuerdo firmado en la Administración anterior), se da por desconocido el mecanismo de financiamiento actual de la educación, que fija un presupuesto anual para el sector y distribuye esos fondos entre el Ministerio de Educación y las universidades, de manera que un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el Fondo mantiene inalterado ese monto.
No es cierto además, afirmar que la inversión pública disminuye en este presupuesto. Las cifras de los dos rubros asociados al gasto de capital (transferencias de capital y construcciones, adiciones y mejoras) muestran un 16% de incremento en relación con el presente año, habiéndose quintuplicado el presupuesto para vías de comunicación terrestre.
Existen, también, dentro del presupuesto, múltiples esfuerzos que se han pasado por alto. Por ejemplo, sólo por reducción de las denominadas partidas superfluas (viajes al exterior, publicidad, consultorías profesionales, entre otras) este Gobierno ha presupuestado cerca de ¢12 mil millones menos que en el 2014. A esto se le suman los esfuerzos por congelar o no crear 2,500 plazas y la decisión conjunta con el Ministerio de Trabajo de aplicar el tope a cerca de 910 pensiones superiores a los ¢2.5 millones.
Para el 2015 se aplicó un recorte que significó un 1,4% del PIB, lo que permitió que el déficit alcanzara el 6,7%. Esto implicó que el presupuesto de varios ministerios tuvieran reducciones con respecto a lo presupuestado este año. Por ello, decir que el Presupuesto 2015 es peligroso refleja desconocimiento. En el marco de lo posible, en este corto tiempo en el Gobierno se han tomado medidas responsables sobre las que esperamos un análisis sereno y justo por parte de todos los sectores.
No pretendo de ninguna manera, minimizar la situación fiscal que vive el país. El Ministerio de Hacienda es consciente de la existencia de un significativo balance fiscal negativo. Sin embargo, responsabilizar del crecimiento del gasto a la actual Administración es injusto y simplista. Con ello se olvida el conjunto de medidas que históricamente el país ha tomado y por las que hoy el Gobierno debe incurrir en gastos para los cuales no se creó fuente de financiamiento. Otro aspecto muy importante es que se deja de lado que los efectos del presente son el resultado de no haber adoptado las reformas fiscales en su momento, en particular aquellas relacionadas con el aumento de ingresos y el control del gasto. Exoneraciones a granel, creación de gasto desbalanceado, pensiones para las cuales nunca se creó un fondo, planillas que crecieron de forma acelerada, débil capacidad para cobrar impuestos, implican un desorden que difícilmente se desarrolla en cuatro meses de gestión y muchos menos se puede resolver en igual período.
Este Ministerio es consciente que las medidas fiscales que la Administración Solís Rivera ha implementado, deben valorarse como un paso positivo que requiere de acciones mucho más estructurales para evitar el deterioro fiscal en las siguientes décadas. Este proceso no puede hacerse a la ligera; es preciso que construyamos un pacto social para dar solución al déficit fiscal y para hacerlo una realidad, se requieren acuerdos profundos que involucren a partidos políticos, a sectores sociales y a todos aquellos grupos socioeconómicos con interés en el tema.