En relación con el comunicado emitido esta tarde por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (UNDECA), sobre la presentación de un recurso de amparo contra autoridades del gobierno relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda se permite reiterar lo siguiente:
En el Presupuesto Nacional 2018 se incluyen ¢783.062,00 millones (2,18% del PIB), entre transferencias (¢690.557.07) y Ley de Protección al Trabajador (¢92.504,93), de los cuales el IVM recibirá un total de ¢281.762,31 millones. Esto demuestra el compromiso de la Administración Solís Rivera con la seguridad social, de acuerdo con la capacidad financiera del gobierno central.
A finales de julio del año pasado, la Junta Directiva de la CCSS acordó reformar varios artículos al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, para que el Estado, en su condición subsidiaria, solventara el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue dicho seguro, cuando la pensión resultante sea menor al mínimo vigente; lo que obliga al Estado a desembolsar ¢56.000 millones adicionales, para llevar su contribución del 0,58% al 1,24% del aporte estatal al IVM. Para el Ministerio esta decisión redundaría en un aumento en el endeudamiento del Estado
A pesar del esfuerzo que representa el financiamiento a la CCSS y de otros programas sociales, el Ministerio de Hacienda se ha visto en la necesidad de declararse en “estado de necesidad”, para financiar con deuda la totalidad de las obligaciones constitucionales y legales.
Este Ministerio entiende la importancia de aquellos rubros de gasto señalados, pero su financiamiento debe ser, en la medida de lo posible, con recursos frescos y no con deuda. No se puede seguir endeudando al país sin considerar las consecuencias que esto pueda tener en la población. Por tal razón, reitera el llamado para avanzar en la reforma fiscal y para dar una solución definitiva a la situación de las finanzas públicas.
Comunicado de prensa
CP 90 / 25 de octubre 2017