![]()
Las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, la realidad de las finanzas públicas nacionales, el Programa Macroeconómico del Banco Central, así como el entorno internacional, constituyen cuatro factores determinantes en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central para el 2014.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, el Proyecto que entregó el Ejecutivo este 1 de setiembre a la Asamblea Legislativa se ha elaborado de manera responsable, garantizando recursos para programas sociales.
El monto total de este Presupuesto es de ¢6.649,338 millones (¢6,6 billones), equivalente al 24,7% del PIB e implica un crecimiento del 3,1% con respecto al 2013, tasa sustancialmente menor que la observada en el año anterior (7,2%). Esto implica una reducción de 1,3 puntos porcentuales en el total de egresos como proporción del PIB.
En relación con el Presupuesto del 2013, el nuevo Proyecto contempla cuatro nuevos elementos: una menor recaudación de 0,6% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) debido a la desaceleración de la economía; un menor egreso por amortizaciones, un incremento en el presupuesto para educación de 0,2% como proporción del PIB y un aumento en el gasto de intereses relacionado principalmente con el crecimiento de la deuda del Gobierno Central, a pesar de una estrategia de endeudamiento que ha permitido reducir el costo financiero de la deuda nueva.
“La Sala Constitucional ha señalado que además de establecer los límites de gasto de los Poderes de la República, el Presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo social y planificación económica. Esto implica ejercer un control del gasto que no ponga en riesgo la capacidad económica del Estado, pero sin dejar de satisfacer las necesidades más apremiantes de los diferentes sectores. Ambos elementos están contemplados en este Proyecto, a pesar de la complicada situación fiscal del país y de la creación de una serie de destinos legales y constitucionales que no tienen fuente de financiamiento para solventarlos, en contradicción con lo que establece nuestra Constitución Política”, explicó el Jerarca de Hacienda.
Los artículos 176 y 179 de la Constitución Política determinan claramente el deber y el medio para alcanzar finanzas públicas equilibradas y sanas. También, indican que en ningún caso, el monto de los gastos presupuestos puede exceder el de los ingresos probables.
Por otro lado, el artículo 179, agrega que “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.” Complementariamente, el artículo 122 de la misma Constitución Política señala que queda “prohibido a la Asamblea (…) reconocer a cargo del tesoro público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo…”
No obstante lo anterior, un alto porcentaje del gasto debe destinarse a la atención de obligaciones establecidas por mandato constitucional o legal pero sin fuente de financiamiento. Así por ejemplo, honrar mandatos constitucionales y legales en educación y el Patronato Nacional de la Infancia requeriría incrementarles la asignación en ¢262.472 millones (más de 1% del PIB). Un aumento del gasto total en ese monto elevaría el déficit fiscal a un 7,3% del PIB. A ello se suma el gasto electoral, que según la Constitución debería alcanzar el 0,19% del PIB (¢18.200 millones adicionales).Financiar estos montos con deuda presionaría las tasas de interés, y usar recursos de otros sectores es difícil, porque casi la totalidad de los ingresos está asignada legalmente.
“Nuestro presupuesto está dividido en cuatro grandes grupos de gasto caracterizados por distintos grados de rigidez: el 34,4 % corresponde a gastos establecidos constitucionalmente, el 22,5 % por mandato legal, un 37.9 % a gastos ineludibles como remuneraciones y servicio de la deuda y sólo el 5,2% permite algún nivel de flexibilidad. Bajo esta realidad, es imposible incluir dentro del Presupuesto la totalidad de recursos asignados para programas de relevancia incuestionable para la sociedad como son la educación y protección de la madre y el menor, originados en la misma Constitución Política, y atender a la vez, otros preceptos constitucionales básicos en materia de la Hacienda Pública”, enfatizó Ayales.
Considerando lo anterior, pero siempre con el fin de alcanzar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación en forma gradual a lo largo de cinco años, para el 2014, el presupuesto asignado al MEP se incrementa en ¢198.111 millones, hasta alcanzar un total de ¢1.937.628 millones. Esta asignación presupuestaria representa un 7,2% del PIB y conlleva un crecimiento de 11,4% en relación con el del presente año.
Los ingresos corrientes que financian este presupuesto ascienden ¢3.810.005 millones (14,2% del PIB), lo que implica una tasa de crecimiento del 8% en relación con la última proyección de ingresos disponible para 2013. Esto equivale a un 57% del total de presupuesto, el resto se financia con deuda.
“La proporción del presupuesto que se financia con deuda se reduce significativamente en el 2014, al pasar de 45,3% a 42,7%. Las rigideces del gasto hacen imposible cumplir con el mandato legal de no financiar gasto corriente con deuda, por lo que el próximo año será necesario financiar más del 25% de este gasto con endeudamiento. Siendo así, este Proyecto contiene un déficit presupuestario de 6,25%del PIB. Sin embargo, el impacto del déficit fiscal sobre la economía se verá atenuado por la colocación de títulos de deuda pública, al alargar los plazos de colocación y disminuir el costo financiero promedio de la deuda”, explicó el Ministro.
Proyecto de presupuesto incluye indicadores de calidad de gasto y proyecciones de la situación fiscal al 2018
Como parte de las mejoras en la programación presupuestaria, fundamental para la asignación y seguimiento de la ejecución presupuestaria, este año el Ministerio de Hacienda realizó algunas modificaciones que permitieron cambios significativos en dicha programación. Entre estas mejoras se encuentran (i) el fortalecimiento del proceso de diseño, ejecución y seguimiento del Presupuesto, de manera tal que se fundamente en las relaciones insumo producto, (ii) la utilización efectiva de la técnica de presupuesto por programas orientado a resultados, en la que se asocian productos específicos a cada programa y (iii) el desarrollo de actividades de acompañamiento a las instituciones para mejorar los elementos que conforman la programación (misión, productos, objetivos e indicadores).
Como resultado de este trabajo se alcanzaron cambios importantes en la programación del presupuesto, incluyendo el mejoramiento de indicadores de calidad en educación, infraestructura y en el funcionamiento de las direcciones de Hacienda encargadas de recaudación de ingresos.
Asimismo, el proyecto muestra la relación de algunos montos del presupuesto nacional con las acciones estratégicas incluidas dentro del Plan Nacional de desarrollo. Este trabajo se realizó con la colaboración del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Además, junto con el Presupuesto y como herramienta fundamental para la toma de decisiones de política fiscal, se incluye el Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo, que provee una perspectiva de mediano plazo del nivel y composición de ingresos y gastos, así como la evolución esperada de la deuda pública e implicaciones para la sostenibilidad fiscal.
De acuerdo con estas proyecciones de Hacienda, a pesar de los esfuerzos hechos hasta ahora por contener el gasto y mejorar la Administración Tributaria y Aduanera, aún se evidencia un desequilibrio fiscal importante en el mediano plazo.
Se estima que de mantenerse las condiciones actuales, para el 2018 la deuda del Gobierno Central será de aproximadamente 51,5% del PIB, mientras que el déficit financiero alcanzará el 7,3% del PIB. El déficit primario, proyectado para el 2013 en 2,7% del PIB, podría alcanzar un 3,4% del PIB al 2018.
Existen dos elementos en este período que presionan el gasto de Gobierno al alza y deterioran la posición fiscal: el aumento en el gasto en educación (del 7% del PIB en 2012, al 8% del PIB en el 2018) y el aumento en el gasto de intereses (de 2,1% del PIB en 2012 a 4% en el 2018), producto de la acumulación progresiva de deuda pública y del incremento previsto en las tasas de interés. Aún cuando se espera una mejora modesta en la Administración Tributaria y Aduanera, el escenario base presenta una proyección conservadora de ingresos en la que éstos alcanzan un 14,4% del PIB.
“Para lograr una posición fiscal sostenible en el mediano plazo, se requiere, como mínimo, eliminar por completo el déficit primario, que en el 2018 se proyecta en 3,4% del PIB en el escenario base. Este ajuste requiere de una reforma comprensiva que incluya acciones en todos los ámbitos de las finanzas públicas: gasto, ingreso, financiamiento y gobernabilidad fiscal. Los elementos de esta reforma se definirán en el contexto de un diálogo nacional que incorpore a todos los sectores de la sociedad y que resulte en una propuesta que se presente para consideración de la Asamblea Legislativa entre febrero y abril del 2014”, concluyó el Ministro Ayales.
Comunicado de prensa
CP51 /3 de setiembre, 2013